La medida, que se incorpora por primera vez a los criterios de evaluación, busca que las bajas temporales no superen una denominada "duración estándar" establecida para cada proceso médico o patología. El cumplimiento de este objetivo influirá en la evaluación anual y en el complemento de productividad de los profesionales.

Los Acuerdos de Gestión, que también incluyen otros indicadores como programas de cribado o prescripción farmacéutica, integran la duración de las incapacidades temporales como un nuevo parámetro. Fuentes consultadas señalan que cada objetivo tiene un peso específico en la valoración global que determina el pago de estos complementos a final de año.

Profesionales sanitarios, sin embargo, apuntan a la dificultad de medir este aspecto de forma homogénea. Subrayan que la evolución de cada paciente es variable y que existen factores ajenos al médico de cabecera que pueden prolongar una baja, como listas de espera para pruebas diagnósticas o derivaciones a especialistas.

La iniciativa ha generado críticas por parte de la oposición. El PSdeG y el BNG denunciaron la posibilidad de que la Xunta pueda incentivar a los médicos en función de la duración de las bajas, advirtiendo del riesgo de presión sobre las decisiones clínicas. Desde el BNG se habló de una "campaña de criminalización" de los trabajadores de baja, mientras que el PSdeG calificó la iniciativa como una "deriva peligrosa". Por su parte, el PPdeG defendió que el actual sistema de gestión de incapacidades temporales presenta problemas estructurales y enmarcó la medida dentro de un plan de choque impulsado por el gobierno gallego.