La constitución de las comisiones previas al pleno confirmó la decisión de la alcaldesa, Elena Candia, de ceder la presidencia de la Comisión de Urbanismo, Movilidad, Obras y Zona Rural a la concejala no adscrita María Reigosa. Esta área posee un peso considerable dentro de la estructura municipal.

El nombramiento salió adelante con la abstención del PSdeG y BNG, que intensificaron sus críticas. El portavoz socialista, Miguel Fernández, calificó el movimiento de "profundamente revelador" y señaló que evidencia "pagos políticos derivados de la moción de censura", argumentando que las designaciones responden a "equilibrios artificiales" y no a "criterios de capacidad ni de organización institucional".

Fernández acusó al PP lucense de "utilizar los resquicios legales para sortear el espíritu de la normativa antitransfuguismo", considerando que situar a Reigosa en una comisión estratégica supone "una burla" a los principios democráticos y un "deterioro de la calidad institucional". "No estamos ante una cuestión menor ni técnica. Estamos ante otra muestra más de un modelo de gobierno sustentado en la aritmética de la moción de censura y no en el interés general de Lugo", afirmó.

Por su parte, el portavoz del BNG, Alexandre Penas, calificó la situación de "lamentable" y cuestionó que una edil no adscrita dirija un área con miembros del gobierno con "años de experiencia y gestión". Penas sugirió que la alcaldesa "parece estar secuestrada por la omnipresencia de la concejala tránsfuga".

Elena Candia defendió la normalidad del proceso, subrayando que todos los órganos quedaron constituidos "legalmente" y "sin ningún voto en contra", y dio por cerrado el cambio organizativo tras la constitución de las distintas comisiones municipales.