Los afectados, que adquirieron los inmuebles hace cuatro años y adelantaron cantidades cercanas a los 100.000 euros, vieron cómo el promotor les comunicaba la rescisión unilateral de los contratos. La razón esgrimida es el «incremento excepcional y generalizado de los costes de construcción», atribuido a la guerra en Ucrania, la interrupción de las cadenas de suministro y el encarecimiento de los materiales.
Los compradores lograron que hasta tres juzgados adoptaran medidas cautelares para evitar que las viviendas fueran revendidas a terceros. Estas medidas incluyen anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad y la prohibición de que el vendedor disponga de los pisos o inscriba actos de gravamen sobre ellos. Ahora, esperan la resolución de las demandas civiles interpuestas para exigir el cumplimiento de lo acordado.
“"Después de la guerra de Ucrania y del covid ha subido más de un 40% el valor de la construcción, de manera que no se podía ejecutar la obra."
El promotor, que lidera un entramado empresarial con diversas actividades, defiende su postura argumentando que existe una «causa justificada» para romper los contratos. Asegura que el valor de las viviendas podría rondar ahora los 550.000 euros y que intentó negociar con los compradores una modificación del precio antes de rescindir los acuerdos, aplicando la cláusula rebus sic stantibus.
La situación ha generado graves complicaciones para los compradores, algunos de los cuales ya habían vendido sus viviendas actuales. Una pareja se encuentra sin hogar desde la fecha estimada de entrega, mientras que otro matrimonio de funcionarios, a punto de jubilarse, vendió su residencia para mudarse a Nigrán y ahora vive de alquiler, viendo comprometidos los ahorros de toda una vida.
