En declaraciones realizadas en Ourense, el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, abordó el caso que implica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalando que su condición de expresidente "añade un grado mayor de conmoción". Fernández recalcó la necesidad de que los jueces mantengan su independencia frente a influencias externas.
Durante su intervención en el Foro La Región, el magistrado subrayó que los jueces están entrenados para trabajar con "impermeabilidad" ante cualquier tipo de influencia, ya sea mediática, política o económica. Aseguró que la exposición pública de la institución judicial no es un fenómeno nuevo, sino una constante histórica.
El presidente de la Audiencia Nacional marcó una clara distinción entre la responsabilidad penal y la política. Explicó que la función del juez se limita a investigar hechos bajo el principio de legalidad, y que las "consecuencias políticas" de sus autos son "ajenas" a su labor. "Si nuestras decisiones originan responsabilidades políticas, ese no es nuestro problema", sentenció, enfatizando su único vínculo con el estricto cumplimiento de la Constitución.
Fernández también rechazó la idea de la "politización de la justicia", rechazando etiquetas como "conservador" o "progresista" para los miembros de la judicatura. Según su criterio, un juez debe ser capaz de mantener la independencia "incluso de su propia ideología" para ejercer un poder que calificó de "inmenso", ya que afecta directamente a derechos fundamentales.
Finalmente, el magistrado descartó la existencia de "jueces estrella" que busquen el protagonismo mediático. Aunque reconoció que la relevancia de los casos de la Audiencia Nacional confiere una visibilidad inevitable a los instructores, afirmó que el objetivo final es la legitimidad democrática que otorga el marco constitucional español.
Nacido en Venezuela en 1958 y criado en A Coruña, Juan Manuel Fernández es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Tomó posesión como presidente de la Audiencia Nacional el 3 de abril de 2025, y centra sus propuestas actuales en una llamada a la defensa del Estado de Derecho.
