Durante el segundo día del juicio, la procesada afirmó que el hombre, a quien cuidaba, le vendió la casa y que ella realizó pagos anuales en efectivo de unos 7.000 euros desde el año 2015. Según su declaración, el fallecido no deseaba transferencias bancarias para evitar que su sobrina, con acceso a la cuenta, se enterara de las transacciones.

El juicio, que comenzó el jueves, se centró en gran medida en el estado mental del fallecido. Una médica forense testificó el viernes que el hombre presentaba deterioro cognitivo. Sin embargo, la acusada insistió en que el anciano “sí se daba cuenta de las cosas”, poniendo como ejemplo que él le recordaba citas médicas.

La acusada relató que el anciano, a quien conocía desde la década de 1990, le pidió que lo cuidara y expresó su deseo de venderle la casa a quien se ocupara de él. Según su testimonio, el hombre le presentó un documento de compraventa del inmueble, que ambos firmaron. Ella indicó que no podía pagar el importe completo, y él aceptó pagos a plazos. Los fondos para estos pagos, según la procesada, provenían de su trabajo, de la venta de cultivos y de las aportaciones de su hija.

La acusación particular, ejercida por la sobrina del fallecido, cuestionó la veracidad de los pagos, argumentando que no hay pruebas de salidas de dinero de la cuenta bancaria. Además, señaló contradicciones en las declaraciones de la acusada sobre la modalidad de los pagos. La Fiscalía, que inicialmente solicitaba seis años de prisión, rebajó su petición a dos años, considerando que la acusada llevó a cabo una “maniobra maliciosa” aprovechando el deterioro cognitivo del hombre.

Por su parte, la defensa solicitó la absolución, alegando que no se acreditó de forma concluyente el deterioro cognitivo del fallecido y que las acusaciones se basan en “sospechas”. La defensa se apoyó en testimonios que indicaban que el hombre estaba “en plenas facultades mentales” en diferentes momentos, y que su estado podría mejorar dependiendo de varios factores.