Esta normativa permitirá que los propietarios de parcelas que cumplan los requisitos establecidos puedan participar activamente en el proceso de urbanización de este ámbito. La participación podrá ser tanto individual como agrupada, fomentando la colaboración entre los dueños de los terrenos.
Los participantes deberán aportar sus parcelas, asumir los costes de las cuotas de urbanización y, como resultado, recibirán parcelas ya urbanizadas. En estas nuevas parcelas, tendrán la posibilidad de construir viviendas de protección oficial o viviendas libres, o bien vender el suelo resultante a terceros.
Para formalizar esta colaboración, se firmarán convenios de participación entre el IGVS y los interesados. Estos acuerdos detallarán las obligaciones y derechos de todas las partes implicadas en el desarrollo del proyecto.
El Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de San Mauro, situado en el sector B-5 (este de la carretera de San Mauro), tiene como objetivo principal la planificación y creación de suelo destinado mayoritariamente a la construcción de viviendas protegidas en la ciudad de Pontevedra.
La Administración autonómica busca así facilitar la implicación de los propietarios, tal como se puso de manifiesto en las reuniones celebradas recientemente con representantes de este colectivo. Para poder participar, las parcelas deben haber sido adquiridas antes del 20 de agosto de 2025, fecha de la publicación de la delimitación del ámbito en el DOG.
Además, las parcelas deberán cumplir una superficie mínima que garantice la adjudicación de un terreno urbanizado. Se permitirá la agrupación de parcelas, incluso entre diferentes propietarios, para alcanzar dicha superficie mínima. En caso de propuestas de participación conjuntas, será necesario constituir una sociedad civil o mercantil, cooperativa o UTE antes de la firma del convenio.
Las parcelas también deberán estar libres de cargas o gravámenes que puedan obstaculizar el desarrollo del proyecto y no tendrán ninguna construcción que reúna las condiciones para ser considerada vivienda.
Los participantes tendrán la obligación de sufragar las cargas de ordenación y urbanización, según lo establecido en el convenio que firmarán con el IGVS en un plazo de dos meses desde la notificación de aceptación. Podrán vender las parcelas resultantes, subrogándose los nuevos propietarios en las obligaciones contraídas.
El plazo para presentar las propuestas de participación ante el IGVS será del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2026. Se deberá aportar la documentación de los propietarios, las parcelas aportadas y las deseadas, además de una fianza provisional de 1,5 euros por metro cuadrado, que será devuelta tras la firma del convenio.
