La construcción de autovías en Ourense, como la A-56 y la A-76, se ha convertido en una eterna promesa incumplida, con algunos proyectos que superan las tres décadas de parálisis. Esta situación refleja la falta de compromiso del Estado con un territorio que ve cómo infraestructuras vitales para su desarrollo quedan estancadas, a diferencia de otras regiones donde la voluntad política y los presupuestos permiten avanzar.
La A-56, que debería conectar Ourense y Lugo, es un claro ejemplo de este abandono. Propuesta en el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 por Josep Borrell, treinta años y once ministros después, solo se han materializado 8,8 kilómetros de los casi 70 necesarios. Este tramo, entre San Martiño y A Barrela, costó 54,8 millones de euros y doce años de obras intermitentes, y ahora corre el riesgo de quedar como una sección aislada y sin sentido.
Recientemente, el Senado aprobó una moción del PP para instar al Gobierno a ejecutar la vía, pero esta iniciativa no es vinculante y el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, puede ignorarla. El Ejecutivo central propuso tres escenarios que alejan la idea de una autovía continua a corto plazo, priorizando solo los tramos ourensanos hasta San Martiño y relegando el resto del trazado en Lugo a un estado de “estudio”, lo que podría implicar la sustitución de la autovía por un sistema de carriles 2+1.
La integración urbana de la A-56 depende de la Variante Norte, un proyecto que lleva 32 años atrapado en la burocracia ministerial. Desde el estudio informativo de 1994, la tramitación ha avanzado a un ritmo extremadamente lento. Actualmente, se está trabajando en el primer tramo de 1,7 kilómetros entre Eirasvedras y Quintela, con un coste de 40 millones de euros. Sin embargo, la utilidad de esta inversión será nula si no se desbloquea el segundo tramo hasta A Casilla, sobre el cual el Ministerio mantiene un silencio administrativo de más de 20 meses.
Otra infraestructura clave es la A-76 (Ourense-Ponferrada), que acumula 22 años de espera para convertir la N-120 en una autovía moderna. El primer avance significativo llegó en abril con la aprobación definitiva del tramo Villamartín de la Abadía-Requejo, una inversión de 133,5 millones para 6,24 kilómetros en suelo leonés. Mientras tanto, los tramos gallegos en Valdeorras y la Ribeira Sacra siguen paralizados, perjudicando a sectores estratégicos como la pizarra y el vino.
La desidia también se extiende hacia el sur con la AG-31, que permanece incompleta en Celanova desde el año 2013. Los 39 kilómetros restantes hasta la frontera con Portugal siguen en un limbo administrativo, sin una apuesta inversora real que permita una conexión competitiva con el eje Braga-Oporto.
Esta parálisis es atribuida tanto al PP como al PSOE, que se alternaron en el Gobierno en las últimas tres décadas sin lograr avances sustanciales. La falta de unos presupuestos generales que permitan pasar de los anuncios a la ejecución real de las obras mantiene a la provincia de Ourense en un sistema de partidas testimoniales, limitando su desarrollo económico y condenándola a ver cómo el progreso pasa de largo.
