La situación política en el Ayuntamiento de Lugo vive momentos de gran tensión y expectación ante la posibilidad de una moción de censura. La exconcejala no adscrita, que abandonó el gobierno local hace semanas, genera suspense sobre su decisión final, a pesar de que fuentes cercanas a la negociación sugieren que el acuerdo para apoyar al Partido Popular ya estaría rubricado.
Tras reconocerse públicamente que se estaban manteniendo conversaciones para la presentación de la moción, la concejala aclaró que su decisión aún no está tomada. Subrayó que sus declaraciones previas habían sido malinterpretadas y que, por el momento, no hay "nada pactado ni aclarado", insistiendo en que no hay "ningún acuerdo firmado".
“"Es cierto, se está hablando, pero no sé si voy a dar el paso, si me atrevo o si me apetece. No hay nada pactado ni aclarado. No quiero decir ni que sí ni que no. No hay ningún acuerdo firmado. Te lo digo con la mano en el corazón."
A pesar de estas declaraciones, la situación podría haber evolucionado rápidamente, y se especula con la existencia de un documento ya firmado, pendiente de cerrar algunos detalles en los próximos días. El Partido Popular, por su parte, aspira a registrar la moción cuanto antes, contando con el respaldo público del presidente del PPdeG, quien justificó su pertinencia por la "inadecuada" gestión del actual gobierno municipal.
La concejala no adscrita también justifica la necesidad de un cambio de gobierno, alegando "falta de gestión, trabajo, orden y organización" en el Ayuntamiento. Sin embargo, reconoce que se trata de una "decisión compleja", no solo por el escaso tiempo que tendría un nuevo ejecutivo antes de las próximas elecciones municipales, sino también por la presión que está recibiendo, tanto en público como en privado.
Uno de los puntos de fricción podría ser su pretensión de "participar" en el nuevo proyecto político. La legislación vigente, concretamente el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que un concejal no adscrito no puede ver mejoradas sus condiciones políticas ni económicas. Esto podría dificultar su incorporación a un puesto remunerado o con delegación de competencias, ya que su situación actual no le permite tener salario del Ayuntamiento.
