El gobierno municipal de Ourense, a través de sus concejales de Democracia Ourensana, defiende que no puede tomar medidas efectivas contra la okupación de inmuebles vacíos ni acometer la rehabilitación de espacios como la Casa de Baños debido a limitaciones competenciales y programas que dependen de otras administraciones, como el Gobierno central y la Xunta de Galicia. Además, justifican los retrasos en los pagos a entidades sociales por la complejidad de la gestión administrativa y la necesidad de dotar de crédito a posteriori.

Tras el reciente incendio en un edificio okupado en el barrio de A Ponte, el Partido Popular, a través de la edil Noelia Pérez, instó al gobierno local a actuar en disciplina urbanística para identificar inmuebles abandonados y prevenir nuevas okupaciones o incidentes. La concejala de Urbanismo, Francisco Lorenzo, rechazó estas críticas, afirmando que el Concello actúa dentro de sus competencias y que la intervención policial requiere denuncia del propietario, sugiriendo que el problema debe abordarse a nivel legislativo autonómico y nacional.

En relación a la reconstrucción de la Casa de Baños, el concejal Lorenzo señaló que la ciudad es "maltratada" por el Gobierno central en la concesión de fondos y que el proyecto está incluido en el área Rexurbe pactada con la Xunta. Mientras tanto, la concejala Tamara Silva justificó los retrasos en los pagos a organizaciones como Cáritas, algunos desde 2022, debido a problemas con la justificación de gastos y a la necesidad de dotación presupuestaria posterior, calificando de "desesperante" la lentitud de las tramitaciones.

La oposición, representada por Ana Méndez (PP), PSOE y BNG, urgió la agilización de los trámites para que las entidades sociales puedan desarrollar sus programas sin "simplemente sobrevivir". La moción socialista para actualizar la obsoleta ordenanza del uso del espacio público también generó debate, con la portavoz Natalia González y la edil del BNG, Erea Blanco, subrayando la necesidad de criterios objetivos y transparentes. El alcalde Jácome defendió el sistema actual de tasas y criticó la posibilidad de "chorradas" que ocupen la calle.

La corporación aprobó por unanimidad la ampliación del convenio Xantar na Casa de la Xunta hasta cien plazas. Jácome calificó el servicio de "no de primera necesidad" y comparó su calidad con las 600 comidas diarias que sirve Cáritas, entidad a la que el Concello aún tiene pagos pendientes.