El proceso judicial, que ha generado gran expectación, comenzó con la comparecencia de Manuel Reija, el lotero acusado de estafa, y su hermano Miguel Reija, exdelegado de Loterías y Apuestas del Estado en A Coruña, imputado por blanqueo de capitales. A pesar de que la jornada se centró en cuestiones previas, la sorpresa surgió cuando se hizo público que dos familias diferentes reclaman la titularidad del boleto premiado.

Una de las familias es la de José Luis Alonso, a quien la investigación y la Fiscalía consideran el legítimo propietario. La otra corresponde a Manuel Ferreiro, quien ya había reclamado los 4,7 millones de euros antes de que el Ayuntamiento de A Coruña iniciara el expediente de hallazgo. Ambos fallecieron, por lo que son sus familiares quienes ahora demandan el premio.

Las defensas de los acusados solicitaron que se apartara o se limitara la participación de la acusación particular que representa a la familia de Ferreiro, ejercida por Belén Canosa, argumentando que los dos escritos de acusación son “incompatibles” y “absolutamente excluyentes”. Sin embargo, el tribunal rechazó esta petición. Las otras acusaciones particulares están representadas por Christian Díaz y Beatriz Seijo, en nombre de la hija y viuda de Alonso, respectivamente. La fiscal del caso es Olga Serrano.

La investigación policial, tras tres años de pesquisas, concluyó que Alonso era el legítimo propietario del boleto, que nunca reclamó. La clave fue el Imserso: Alonso sellaba casi todas sus apuestas en su barrio, pero también había jugado en diferentes localidades españolas, como Fuerteventura, Torremolinos, Palma de Mallorca y Caldas, dos combinaciones de números escritas manualmente. Así, estudiando los viajes del Imserso que habían salido de A Coruña en ese período, llegaron a la persona que, desafortunadamente, había fallecido. Su mujer y su hija fueron interrogadas, y la Policía verificó su versión.

Por su parte, Ferreiro reclamó el premio antes que nadie, manteniendo que había comprobado el boleto en un bar de la calle Antonio Noche, donde se lo habrían quedado para, supuestamente, avisar a Miguel Reija y tramar una estrategia para cobrar el premio con el lotero implicado. Su querella penal fue archivada y nunca llegó a manos de la Policía Nacional durante la investigación. La Fiscalía defiende la versión policial y solicita para el lotero Manuel Reija seis años de prisión por estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para su hermano Miguel, pide una condena similar por blanqueo de capitales y el abono de 9,4 millones de euros, o tres años de cárcel por encubrimiento.