La tensión en el Ejecutivo y el PSOE ha ido en aumento en las últimas horas tras el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el caso SEPI, la entrada de la UCO en la sede socialista y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esta presión ha llevado a los socios del Gobierno a distanciarse del PSOE y a exigir más explicaciones, llegando a registrar una solicitud formal de comparecencia del presidente. Sumar amagó con unirse a esta iniciativa, lo que finalmente llevó a Sánchez a precipitar el anuncio de su comparecencia.

Distintos partidos de la mayoría de investidura endurecieron su tono. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reclamó "explicaciones" por parte del partido del Gobierno, criticando que las ofrecidas hasta ahora habían sido "absolutamente insuficientes" y exigiendo "acciones contundentes". Por su parte, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, declaró tener la "confianza bajo mínimos" hacia el PSOE y reclamó la comparecencia del líder del Ejecutivo. También Podemos, a través de su secretaria general Ione Belarra, calificó la situación de "absolutamente insostenible", mientras que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pidió abiertamente "explicaciones detalladas con nombres y apellidos", afeando que "el silencio solo le servía a Mariano Rajoy". No obstante, el líder del PNV, Aitor Esteban, fue más lejos al reclamar abiertamente elecciones, asegurando que "la legislatura ha llegado a su fin".

El malestar se concretó el miércoles cuando los socios de izquierdas del Gobierno -ERC, Podemos, BNG y Compromís- plantearon una iniciativa conjunta en el Congreso solicitando la comparecencia de Sánchez. La propuesta fue trasladada también a Sumar, que valoró unirse a la solicitud, pero que en primer lugar advirtió a sus socios de Gobierno. Se trasladó a Moncloa que "o lo hacía él o no teníamos problemas en pedirlo nosotros", relatan fuentes conocedoras de estas comunicaciones. Moncloa accedió a solicitar una comparecencia del presidente a petición propia, un "pacto" que evitaba un choque frontal dentro del Ejecutivo. El acuerdo implicaba que Moncloa anunciase la comparecencia, aunque en Sumar hubo críticas por la tardanza de los socialistas en hacerlo público, el anuncio se produjo pasadas las seis de la tarde.

La comparecencia de Sánchez aún no tiene fecha, y aunque entre los socios parlamentarios corre cierta urgencia, se apunta a que podría ser a finales de junio, después de que el presidente aproveche también para informar sobre el Consejo Europeo del 18 y 19 de junio en Bruselas. Asumen que será el último miércoles del mes, el 24 de junio, ya que las últimas comparecencias del presidente han coincidido en estos días. En Sumar creen que Sánchez podría comparecer la próxima semana si quisiera, pero asumen que esperará para que "baje el souflé" de la actualidad, un margen temporal que ya empleó el pasado verano cuando compareció por el caso Cerdán más de tres semanas después de la imputación y dimisión del exsecretario de Organización del PSOE.

Los nervios crecen entre los aliados parlamentarios del Gobierno, que miden las distancias con el PSOE ante el riesgo de apoyar a un partido envuelto en causas judiciales. En Sumar abogaban por explicaciones voluntarias y solo se planteaban formalizar peticiones si les desoían. Sin embargo, los ministros del Gobierno dieron pocas muestras de voluntad de dar explicaciones, denunciando "lawfare", como hizo el ministro Ángel Víctor Torres, o Óscar Puente, quien señaló una operación para "derribar al Gobierno con métodos no democráticos". Urtasun también hizo referencia a una "operación para acabar con el Gobierno", pero defendió que "no es excusa" para justificar un episodio "grave", reclamando al PSOE "que dé mayores explicaciones porque las de ayer fueron absolutamente insuficientes". La dirigente de Compromís, Águeda Micó, defendió que "esto no es lawfare", y desde Podemos también apuntaron a la gravedad de lo denunciado. En Junts también rechazaron la existencia de lawfare, afirmando que "hay indicios, no es un invento".