En su intervención en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, Martín Pallín describió el fenómeno como una "especie de pandemia" cuyos efectos amenazan la propia existencia del Estado de Derecho. Explicó que esta instrumentalización del poder judicial con fines políticos tiene su origen en Estados Unidos a principios de este siglo, como alternativa al intervencionismo militar en América Latina.
El magistrado, reconocido por su defensa de los derechos humanos y la independencia judicial, señaló que el 'lawfare' busca desgastar o derrocar gobiernos que no se alinean con los intereses estadounidenses, utilizando la judicatura para "hacer la guerra mediante el Derecho". Citó como ejemplos los casos de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, y Fernando Lugo en Paraguay.
En España, Martín Pallín hizo un repaso por casos que considera hitos, como el del presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, o el "entorno de ETA". Subrayó que "algún sector de la judicatura" se ha erigido en "brazo judicial armado" contra el separatismo, con condenas centradas en el País Vasco y Cataluña. También mencionó el nacimiento de Podemos y el 'procés' catalán como momentos de "maquinaria judicial" en marcha, citando las querellas contra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y las condenas de Isa Serra y Alberto Rodríguez.
El magistrado gallego también se refirió a la actualidad, destacando un incremento notable del 'lawfare' a partir de 2023, centrándose en el entorno familiar del presidente del Gobierno. Detalló los casos del hermano y la mujer de Pedro Sánchez, cuestionando la naturaleza judicial de procesos que podrían resolverse por vía contencioso-administrativa o que se basan en reglamentos universitarios estándar, como el de las cátedras de mecenazgo.
Finalmente, Martín Pallín criticó la "benevolencia" del Consejo General del Poder Judicial con el juez Peinado, sugiriendo que sus actuaciones podrían haberle costado la expulsión de la carrera en otros países. Concluyó que esta situación "denota un gusano en el Estado de Derecho" que podría llevarnos a un "Estado fallido", y espera que su sucesor "ponga las cosas en orden" para evitar que el caso llegue a jurado.
