Representantes de la oposición han expresado su preocupación por la decisión, señalando que podría implicar el desvío de fondos destinados a otras actuaciones de saneamiento en la ciudad. Esta obra está directamente ligada a la ampliación de la grada de Tribuna del estadio de Balaídos.
Según la oposición, el expediente aprobado en la Junta de Gobierno indica que el gasto se imputará al plan de inversiones de la prórroga vigente de Aqualia. Sin embargo, subrayan que dicha actuación no figuraba inicialmente en ese plan.
“"Esta decisión es importante y cambia mucho las cosas."
La preocupación se centra en la posibilidad de que el coste de la obra recaiga sobre la concesionaria del servicio de agua, cuya financiación proviene directamente del recibo del agua que pagan los ciudadanos de Vigo. Este recibo ha sido calificado como “el más caro de Galicia”.
La oposición cuestiona si esta operación podría suponer que “los vigueses acaben financiando indirectamente una obra vinculada al estadio”, en lugar de destinar esos recursos a mejoras del saneamiento urbano.
“"No existía un proyecto definido."
Además, se ha criticado la gestión del gobierno local, argumentando que este tipo de actuaciones evidencian una falta de proyecto definido y una actuación que genera incertidumbre y ruido en torno a la obra. También se ha reclamado una “hoja de ruta clara” para que Vigo pueda cumplir los plazos exigidos para aspirar a ser sede del Mundial 2030, incluyendo la ampliación de Balaídos, la mejora de campos de entrenamiento y la planificación de infraestructuras de movilidad y aparcamiento.
Se defiende que la planificación para el Mundial es “compleja y costosa” y no puede basarse en improvisaciones, por lo que se insiste en la necesidad de definir una estrategia temporal y presupuestaria clara para el proyecto.
