La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático anunció que los trabajos, que incluyen un sistema alternativo de bombeo, garantizan el caudal necesario para la ciudadanía y las actividades económicas e industriales de la zona. La intervención, con un coste total de cerca de 2,3 millones de euros, prevé la instalación de las válvulas definitivas a finales del verano.
La decisión de ejecutar estas obras de emergencia por parte de Augas de Galicia se tomó a finales del año pasado, tras detectar deficiencias en las cuatro válvulas de toma de agua de la infraestructura, dos de ellas gravemente dañadas. Estas válvulas son cruciales para regular el volumen de agua que abastece a Vigo, Cangas, Moaña, Redondela, Soutomaior, O Porriño, Mos, Salceda de Caselas y Vilaboa, municipios que suman más de 400.000 habitantes.
Los trabajos realizados consistieron en la retirada de las válvulas deterioradas y su sustitución por otras provisionales, junto con la reposición de las bases de hormigón, la renovación del sistema de cables y la puesta en servicio de todos los equipos. Además, para permitir el cambio de las válvulas, fue necesario vaciar y aislar la torre de toma de agua, lo que requirió la habilitación de un sistema alternativo de bombeo y canalización provisional (bypass) para mantener un caudal de abastecimiento de aproximadamente 900 litros por segundo hacia la potabilizadora de O Casal.
“"Esta es una infraestructura hidráulica crítica de su titularidad, en la que ostenta las competencias exclusivas en materia de seguridad."
La Xunta subrayó que, a pesar de que la operación de las válvulas de toma de agua es responsabilidad del Ayuntamiento de Vigo, decidió acometer estas obras de emergencia para evitar riesgos en el suministro y en la integridad de la presa. Según la administración autonómica, el gobierno local conocía el estado deficiente de las válvulas pero no lo notificó, a pesar de que el personal municipal las manipulaba diariamente.
Las averías fueron detectadas por el Ejecutivo gallego el año pasado. La negativa del Ayuntamiento de Vigo a reconocer la titularidad de la Xunta sobre la presa, transferida por el Estado en 1986, y los procesos judiciales asociados, dificultaron el acceso del personal de Augas de Galicia a la zona de las válvulas.
