La organización ecologista Greenpeace ha lanzado una seria advertencia sobre la crisis del agua, que ya no es una amenaza futura sino un problema presente en España. La confluencia de sequías, temperaturas elevadas y una demanda creciente está tensionando los recursos hídricos en diversas regiones, incluidas Galicia y Asturias, tradicionalmente conocidas por su abundancia de agua.
Este aviso coincide con la celebración en Ulán Bator, Mongolia, de la 17ª Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP17), donde más de 190 países debaten sobre la degradación del suelo y la escasez de agua bajo el lema «Restaurar la tierra, restaurar la esperanza».
Greenpeace critica que las precipitaciones del invierno y la primavera han creado una falsa sensación de normalidad, ocultando el deterioro de las reservas. «Las sequías deben gestionarse cuando hay agua, no cuando falta», subraya la organización.
Galicia figura entre los territorios señalados. Augas de Galicia mantiene activa la alerta por escasez, afectando a casi el 80% de los municipios gallegos. Esta situación ya ha motivado medidas de ahorro, como la solicitud de reducción del consumo del 15% a municipios como Vigo, Pontevedra y A Coruña, además de restricciones para riego, lavado de vehículos o llenado de piscinas.
La organización destaca que el estrés hídrico ya no se limita a las regiones más secas, lo que supone una señal de alarma para una comunidad asociada a un alto régimen de lluvias.
En Asturias, la dificultad afecta a la ganadería de montaña, obligando a explotaciones y vecinos de Siero a usar camiones cisterna privados, con un coste que puede llegar a los 200 euros por cuba. En La Rioja y Navarra, la escasez tensiona el mercado de la paja y los forrajes, amenazando la viabilidad de las explotaciones ganaderas.
A nivel europeo, bajos caudales de ríos importantes afectan al sistema energético, forzando la reducción de potencia o detención temporal de centrales nucleares en países como Francia, Hungría y Rumanía debido a la dificultad para su refrigeración.
Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace España, califica las restricciones y el uso de camiones cisterna como síntomas de un problema estructural. Critica que, mientras la ONU debate, muchas administraciones españolas siguen con un uso insostenible del recurso, sobreexplotando ríos, contaminando y perdiendo agua potable por fugas en las redes de distribución (un 30% según la organización).
«La sequía no se gestiona cortando las duchas de la playa en agosto, se gestiona haciendo una correcta gestión de la demanda cuando los embalses aún tienen agua», afirma Barea, quien añade que la situación actual evidencia el agotamiento de un modelo de gestión basado en la idea de que el agua es casi ilimitada.
Greenpeace exige al Gobierno y a las comunidades autónomas medidas estructurales urgentes, como un compromiso vinculante en la COP17 para la gestión preventiva de la sequía global, la reducción drástica de la demanda agroindustrial (priorizando la ganadería extensiva), la inversión en redes urbanas para erradicar el despilfarro, la garantía estricta de caudales ecológicos, el cierre de pozos ilegales, la protección de acuíferos frente a la contaminación y el abandono de la «política del hormigón» (nuevos embalses y trasvases).
La organización también pide frenar desarrollos e infraestructuras de alto consumo de agua en zonas afectadas por el estrés hídrico.
