El Real Decreto establece un procedimiento para que individuos en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional puedan obtener una autorización temporal de residencia y trabajo por un año, siempre que cumplan los requisitos fijados. El plazo para presentar solicitudes por vía telemática se abrió el jueves, mientras que el trámite presencial comenzó el lunes y ambos se prolongarán hasta el 30 de junio.
Para la atención presencial será necesaria cita previa, que debe solicitarse en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las gestiones se realizarán en oficinas de la Seguridad Social y en 371 oficinas de Correos en toda España. Es precisamente esta segunda vía la que genera mayor preocupación entre asociaciones y sindicatos, que advierten de un posible “colapso” debido a barreras idiomáticas, dificultades de acceso digital y falta de familiaridad con los trámites.
“"Puede ser una brutalidad."
Correos ha habilitado oficinas en capitales de provincia y municipios de más de 500.000 habitantes para prestar este servicio, considerado de interés económico general, con la participación de 1.000 profesionales formados específicamente. Sin embargo, sindicatos calificaron esta formación de “express” e “imprecisa”, realizada “tarde, mal y arrastro”. Los turnos se han fijado en 20 minutos por expediente, aunque los sindicatos consideran que el tiempo será insuficiente ante las dudas de los solicitantes.
En Galicia, las ciudades de A Coruña y Vigo concentran la mayor carga prevista. En la ciudad herculina se han habilitado tres oficinas, al igual que en Santiago, mientras que Vigo, Lugo y Ourense cuentan con una oficina cada una. El malestar se extiende a trabajadores de Extranjería y Seguridad Social, ya que serán estos últimos quienes tramiten las solicitudes pese a no contar con formación específica. El Gobierno ha anunciado la incorporación de 550 refuerzos en 450 oficinas, mientras que una central sindical ha convocado una huelga indefinida en Extranjería a partir del 21 de abril.
Las entidades sociales alertan también de posibles abusos en la tramitación privada, así como de dificultades añadidas en zonas rurales y por falta de alfabetización digital. El Real Decreto exige estar en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar cinco meses de permanencia, carecer de antecedentes penales y no suponer riesgo para el orden o la salud pública.
“"Se trata de una herramienta de cohesión social que reduce desigualdades y reconoce tanto derechos como deberes."
A pesar de la rapidez en la puesta en marcha del proceso, las asociaciones coinciden en valorarlo como una medida “necesaria” y “de justicia”. Una organización gallega de inmigración sostiene que la medida “dota de condiciones dignas a personas y familias” y contribuye a cubrir vacantes en el mercado laboral gallego y estatal en empleos que, en muchos casos, no son aceptados por la población nacida en España. La ministra del ramo defendió la iniciativa por su “triple legitimidad” social, política y económica, respaldada por la Iglesia.
