La sentencia también incluye la inhabilitación para la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y máquinas similares durante tres años. Además, establece el pago de una indemnización superior a los 150.000 euros a la familia de la víctima.
“"Se vulneraron de forma patente y esencial las reglas técnicas básicas de una actividad de alto riesgo, en el ámbito de una actividad empresarial ofreciendo y ejecutando una prestación técnica cualificada que requería conocimientos y habilitación específica de los que la acusada carecía."
Los hechos probados indican que, entre julio y octubre de 2020, la condenada, administradora única de una empresa de construcción especializada en carpinterías metálicas, aceptó el encargo de instalar un ascensor en la vivienda de la víctima en la localidad de Pazo, en Verín. La obra se ejecutó en octubre de ese mismo año, a pesar de que la empresa no estaba autorizada por Industria para instalar aparatos elevadores y carecía de personal cualificado.
La instalación se realizó sin observar la normativa específica, prescindiendo de importantes normas de seguridad, como la falta de un sistema permanente de seguridad en la puerta de piso, lo que permitía que esta se abriera sin que la cabina estuviera en la planta. El ascensor tampoco estaba homologado, carecía de documentación técnica y de marcado CE, y no estaba inscrito en el Registro de Aparatos Elevadores de la Consellería de Industria.
El 26 de noviembre de 2020, sobre las 19:46 horas, la víctima se disponía a acceder al ascensor cuando la puerta se abrió irregularmente en la planta alta sin que la cabina estuviera presente. El hombre cayó por el hueco y falleció el 24 de junio de 2021 como consecuencia de la caída.
