La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el portavoz del Partido Popular en el municipio, quien acusaba a la regidora socialista de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público u oficial.

La denuncia se fundamentaba en el cobro de dietas por un importe de 381,65 euros, correspondientes a un viaje oficial a Portugal. El denunciante alegaba una supuesta incompatibilidad, ya que la alcaldesa había asistido telemáticamente a una junta de gobierno local el 10 de diciembre de 2025 mientras se encontraba en el extranjero.

Sin embargo, el auto judicial desvirtúa estas afirmaciones. La documentación aportada durante la instrucción acredita que Morandeira percibió las dietas “conforme a lo establecido en el acuerdo plenario correspondiente” y que su asistencia a la junta de gobierno fue, efectivamente, por vía telemática. En la resolución, la jueza explica que, tras las diligencias practicadas, “el resultado de las mismas no ha logrado confirmar la existencia de indicios suficientes de la comisión de los hechos denunciados”.

En el momento en que se conoció la denuncia, la alcaldesa acusó al Partido Popular de haber entrado “en un juego sucio”. Morandeira defendió entonces que “todas las acciones y procedimientos administrativos que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento están, como no podía ser de otro modo, dentro de la más absoluta legalidad”. Aun así, reconoció el derecho de los grupos políticos a tomar medidas legales, pero reiteró que esta cuestión “nada tiene que ver con el objetivo claro de la política local: trabajar para mejorar la vida de los vecinos y vecinas”.

Aunque el tribunal ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa, la resolución no es firme y contra ella cabe interponer un recurso de apelación.