Según explicó Sánchez, los informes de la Intervención provincial concluyen que una aportación económica de la Diputación a una actuación incluida dentro de una concesión municipal, como es el caso de la gestión del agua por parte de Aqualia, no sería viable jurídicamente. Esto supone que la institución provincial no podrá participar económicamente en esta fase del proyecto, a pesar de que la obra es imprescindible para la futura ampliación del estadio y para cumplir con las exigencias de la candidatura de Vigo al Mundial de 2030.
La única posibilidad para que la Diputación pudiese incorporarse al financiamiento pasaría por abrir un contrato independiente para ejecutar la actuación. No obstante, Sánchez reconoció que esta alternativa podría retrasar unos plazos ya ajustados, lo que complicaría la adecuación del estadio para el campeonato mundial.
Esta controversia surge semanas después de que la propia vicepresidenta ya cuestionase públicamente la fórmula elegida por el Concello. El pasado 23 de abril, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció una inversión de 2,8 millones de euros para retranquear los colectores de saneamiento, una intervención considerada clave para la reforma del estadio. Un día después, Luisa Sánchez ya pedía explicaciones sobre quién asumiría el coste de la obra, alertando de que podría desplazar otras inversiones en el saneamiento de la ciudad o que los vecinos pudiesen acabar asumiendo indirectamente el coste a través del recibo del agua.
Los trabajos previstos consisten en desplazar dos grandes colectores paralelos vinculados al entorno del río Lagares y de la avenida de Fragoso. La actuación contempla una inversión de 2.821.000 euros y un plazo estimado de ejecución de 14 meses.
Una vez finalizados estos trabajos previos, el siguiente paso será acometer la transformación de la grada de Tribuna para incrementar la capacidad del estadio hasta los 43.000 espectadores exigidos por la FIFA. La financiación de esta futura ampliación sigue siendo uno de los principales puntos pendientes, con el alcalde Caballero defendiendo que tanto la Xunta como la Diputación deberían asumir un tercio del coste cada una.
