La dirigente popular basa su exigencia en la decisión del juez instructor, conocida este lunes, que mantiene la imputación de la edil y del propietario de una atracción, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia y lesiones imprudentes. El magistrado desestimó el recurso de reforma presentado por la concejala, que solicitaba el archivo de la causa, así como el de una acusación particular, en línea con el criterio de la Fiscalía.
Para Luisa Sánchez, esta resolución judicial refuerza la responsabilidad política de la concejala y hace "inviable" su permanencia en el gobierno local. Subrayó que la edil tenía el deber de actuar para evitar el accidente y cuestionó que mantenga el cargo a pesar de la evolución del procedimiento.
El auto judicial aclara, no obstante, que el documento de incoación "no es ni un auto de procesamiento ni una sentencia condenatoria", situando la causa en una fase de instrucción. El juez se reafirma en que Rodríguez Calviño, como responsable de la concejalía competente en materia de inspección y control de espectáculos públicos, "sí ostentaba una ‘aparente’ posición de garante". Según la resolución, la posible omisión investigada no se centra en un fallo técnico concreto, sino en no haber impedido el funcionamiento de una atracción "expresamente no autorizada" durante unas fiestas ya en marcha.
El magistrado añade que esa actuación habría permitido que la "fuente de riesgo" continuara operativa, "materializándose finalmente en el resultado de muerte". Asimismo, el juez rechaza una interpretación más restrictiva de la defensa al señalar que "la defensa pretende reducir la fuente de riesgo al tornillo que falló", mientras que, a su juicio, el riesgo jurídico relevante era más amplio: una atracción de feria funcionando sin autorización ni la documentación exigida para acreditar su seguridad.
“"¿Cuál es la razón por la que <b>Abel Caballero</b> mantiene en su cargo a <b>Patricia Rodríguez</b>? ¿Por qué la sigue protegiendo?"
En este contexto, Luisa Sánchez insistió en que la situación procesal de la concejala exige una respuesta política inmediata y reclamó su salida del cargo, al considerar que la decisión judicial "eleva el nivel de gravedad" del caso. El PP de Vigo ha criticado además la posición del alcalde y ha pedido explicaciones sobre la continuidad de la concejala en el Ejecutivo municipal, así como sobre el cumplimiento del código ético del Partido Socialista en este procedimiento.
Por último, para la responsable popular "es revelador que ningún representante del PSOE haya aclarado si se está cumpliendo su código ético o no. Abel Caballero, Carmela Silva y la propia Patricia Rodríguez siguen callados 24 horas después de que hubiésemos preguntado si la Ejecutiva socialista fue informada de los delitos que se le imputan a la concejala de Seguridad".
