Enfermeras en cárceles gallegas: 42 profesionales para 3.500 reclusos

El sindicato SATSE denuncia salarios más bajos, jornadas más largas y mayor inseguridad para el personal de enfermería penitenciaria en Galicia.

Primer plano de la mano de una enfermera sosteniendo una jeringa, con barrotes de prisión desenfocados al fondo.
IA

Primer plano de la mano de una enfermera sosteniendo una jeringa, con barrotes de prisión desenfocados al fondo.

Un total de 42 profesionales de enfermería atienden a 3.461 reclusos en las cinco prisiones gallegas, enfrentándose a salarios más bajos, jornadas más largas y mayor riesgo de agresiones.

El Sindicato de Enfermería (SATSE) urge el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, una medida pendiente desde hace 23 años, para equiparar las condiciones laborales y salariales de los profesionales que trabajan en prisiones con las del personal del Servicio Galego de Saúde (Sergas).
Actualmente, los 42 enfermeros que prestan servicios en las cárceles de Teixeiro, A Lama, Bonxe, Monterroso y Pereiro de Aguiar tienen una media de más de 80 personas a cargo, sin contar las bajas o vacaciones no cubiertas. La ley de 2003 estableció la transferencia de estos servicios a las comunidades, pero solo Cataluña, Euskadi y Navarra han dado el paso.
Según Manuel Fariñas, secretario autonómico de Acción Sindical de SATSE en Galicia, aunque el salario base es similar, los complementos (nocturnidad, guardias) y los permisos difieren considerablemente, y las jornadas son más largas. Las mejoras logradas para el personal del Sergas no llegan al ámbito penitenciario, donde las mesas de negociación son menos frecuentes y más lentas.
Esta precariedad hace que el ámbito penitenciario sea poco atractivo, generando un "déficit" de profesionales. Se estima que en Galicia harían falta entre 60 y 70 enfermeros para aliviar la sobrecarga laboral.
Además, el entorno de trabajo presenta "altos riesgos para la seguridad física y psicológica", con mayor estrés y posibilidad de agresiones. Los sanitarios penitenciarios atienden no solo patologías comunes, sino también trastornos mentales y drogodependencias.
SATSE advierte que mantener esta situación "compromete la asistencia" y prolonga la precariedad de estos profesionales, urgiendo la equiparación salarial y laboral con el personal estatutario del servicio de salud correspondiente.