La teniente de alcalde de Pontevedra, Eva Villaverde, manifestó el apoyo del gobierno local a la acción legal emprendida. La disputa se centra en la falta de pago de facturas pendientes desde el segundo bimestre de 2021, correspondientes al suministro de agua y alcantarillado en el polígono industrial de A Reigosa, situado en territorio de Ponte Caldelas.
“"Hablamos de más de un millón de euros de todos los pontevedreses y pontevedresas que le corresponde pagar al Concello de Ponte Caldelas."
La edil del BNG explicó que la reclamación de la deuda fue necesaria para evitar su prescripción. El caso se encuentra ahora judicializado, y será un juzgado quien determine la cuantía exacta a cobrar, así como las condiciones y plazos de pago. El Ayuntamiento de Pontevedra defiende que el canon aplicado a Ponte Caldelas es el mismo que se aplica a su propio parque empresarial, ubicado en O Campiño.
La situación escaló a los tribunales el año pasado, después de varios intentos infructuosos de negociación entre ambos ayuntamientos. Previamente, Pontevedra había amenazado con cortar el suministro a las empresas de A Reigosa, una advertencia que no se materializó, en parte, debido a una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
