La resolución judicial pone fin a un conflicto administrativo y legal que se extendió por casi dos décadas entre un psiquiatra y la Consellería de Sanidade. El auto, dictado el pasado 9 de abril, confirma la condena al Sergas por los perjuicios morales causados al que fuera jefe del servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP).
La Justicia apreció una "desviación de poder" y una actuación "anormal muy grave, grosera e intolerable" por parte de la Administración sanitaria gallega.
El fallo considera probado que el profesional fue apartado de forma irregular de la jefatura que ocupaba desde 1982. El inicio del conflicto se remonta a 2009, coincidiendo con el cambio de gobierno en la Xunta de Galicia. El psiquiatra, que en ese momento tenía un cargo de responsabilidad en salud mental y drogodependencias, fue cesado tanto como subdirector general como de la jefatura de Psiquiatría del CHUP. Este último cese fue posteriormente anulado por los tribunales por carecer de motivación técnica y vulnerar sus derechos como funcionario.
En 2012, el Sergas convocó un concurso para cubrir la jefatura, un proceso que los tribunales concluyeron que estuvo marcado por irregularidades, "arbitrariedad y favoritismo", vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Dos comisiones evaluadoras fueron anuladas durante el procedimiento. Tras perder la jefatura, el profesional fue degradado a médico adjunto, sufrió una reducción salarial y fue trasladado a una unidad periférica de salud mental, donde permaneció hasta su jubilación en 2015.
Aunque varias sentencias le dieron la razón, el Sergas demoró durante años la ejecución de los fallos. Finalmente, en 2019, un nuevo tribunal evaluador reconoció al psiquiatra como legítimo ganador del concurso. La sentencia ahora firme fija una indemnización de 10.000 euros, más la actualización del IPC desde 2012, y sostiene que la Administración "usurpó" el puesto del psiquiatra y lo "degradó" por animadversión personal. Además, el juez insta a la Consellería de Sanidade a estudiar posibles reclamaciones contra los responsables de las decisiones declaradas ilegales. El caso también fue analizado por órganos deontológicos médicos, que apreciaron conductas incompatibles con el código ético profesional por parte de miembros de los tribunales evaluadores.
