El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, anunció la adjudicación de tres contratos de emergencia por un importe total de 6.899.767,83 euros destinados a la reparación de firmes en distintos tramos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia.

Las actuaciones responden a la necesidad de actuar con urgencia en diversas vías que han experimentado un notable deterioro en los últimos meses como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas durante el invierno. El desgaste de los pavimentos y la aparición de patologías en el firme han hecho necesaria una intervención extraordinaria para preservar la seguridad vial y garantizar unas condiciones adecuadas de circulación.

Losada destacó que "el Gobierno de España está dando una respuesta inmediata a una situación que afectaba a la seguridad y al confort de la circulación en las carreteras estatales de la provincia". Añadió que "estas actuaciones permitirán corregir los daños ocasionados por el progresivo deterioro de los firmes, agravado por los episodios de lluvia de los últimos meses, y reforzar la seguridad vial en una red por la que transitan diariamente miles de personas".

Los trabajos se desarrollarán en catorce municipios de la provincia. La actuación de mayor cuantía, con una inversión superior a los tres millones de euros, se ejecutará en la VG-20 y en la A-55 a su paso por Tui, Mos y Vigo. Otros 2,5 millones de euros se destinarán a la mejora de distintos tramos de las carreteras N-550, N-640 y N-525 en los municipios de Pontecesures, Valga, Caldas de Reis, Silleda, Vila de Cruces, Agolada, Lalín y Dozón. Por su parte, la N-541 contará con una inversión de 1,3 millones de euros para la reparación del firme entre Forcarei, Cerdedo-Cotobade y Pontevedra.

Los contratos adjudicados ascienden a 3.088.015,34 euros para la reparación del firme en la A-55 y en la VG-20; 2.505.386,65 euros para actuaciones en las carreteras N-550, N-640 y N-525; y 1.306.365,84 euros para la mejora de la N-541.

Los tres contratos cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses, lo que permitirá iniciar de inmediato unas actuaciones consideradas prioritarias para reforzar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación en la Red de Carreteras del Estado.