La normativa, que entrará en vigor este miércoles, establece un cuadro de sanciones que pueden alcanzar los 15.000 euros en los casos más graves de agresiones físicas. El texto legal recibió el apoyo de populares y socialistas en el Parlamento a finales de marzo, mientras que el BNG y Democracia Ourensana se abstuvieron, argumentando que la medida no aborda el "deterioro del sistema".

Las infracciones se clasifican en tres niveles: las leves, como insultos o faltas de respeto, con multas de entre 300 y 1.500 euros; las graves, que abarcan amenazas o ciberacoso, con cuantías de hasta 3.000 euros; y las muy graves, que oscilan entre los 3.001 y los 15.000 euros. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, subrayó el carácter innovador de esta reforma al tipificar la violencia digital, como campañas de desprestigio y ataques en redes sociales, al mismo nivel que las agresiones verbales o físicas.

Una de las novedades más destacadas es la inclusión explícita de los técnicos de emergencias sanitarias, como los del 061, en este marco de protección. Gómez Caamaño realizó este anuncio durante una visita a la base medicalizada del 061 en Pontevedra, donde estuvo acompañado por el gerente del área sanitaria, José Flores, y el director de Urxencias Sanitarias, Román Gómez.

Durante la visita, el conselleiro también supervisó las mejoras realizadas en la base de Pontevedra, fruto de una inversión de 100.000 euros por parte del Gobierno gallego. Las actuaciones permitieron ampliar las dependencias con nuevas habitaciones, almacén y vestuario, además de modernizar la iluminación con tecnología LED y renovar el mobiliario. Actualmente, esta base cuenta con un equipo de seis médicos, nueve enfermeros y trece técnicos que garantizan un servicio ininterrumpido, beneficiándose ahora de una mayor funcionalidad y eficiencia energética.