El Senado insta a reformar la N-541 en Cerdedo-Cotobade por seguridad

La Cámara Alta pide al Gobierno central una intervención integral en la carretera debido a su peligrosidad y estado.

Imagen genérica de una carretera gallega con tiempo nublado.
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Imagen genérica de una carretera gallega con tiempo nublado.

El Senado ha aprobado una iniciativa para instar al Gobierno central a acometer una reforma integral de la N-541 a su paso por el municipio de Cerdedo-Cotobade, una demanda histórica de la comarca de Pontevedra por su elevada siniestralidad.

La propuesta, impulsada por la senadora del BNG, Carme da Silva, busca exigir al Ministerio de Transportes una intervención global que vaya "más allá de actuaciones puntuales y que incluya medidas estructurales de seguridad vial en todo el trazado".
Entre las actuaciones reclamadas figuran la renovación completa del firme con materiales antideslizantes, la mejora de peraltes en curvas, la creación de pasos peatonales seguros, la instalación de pasarelas en zonas de tránsito frecuente, el refuerzo de la iluminación y la adaptación de tramos urbanos de la carretera como travesías en varios núcleos de población.
La iniciativa también insta a realizar una auditoría de seguridad vial sobre la N-541 en el municipio, ante la acumulación de siniestros registrados en los últimos años en una carretera de trazado antiguo, con múltiples puntos negros y un alto volumen de tráfico interurbano.

El debate político sobre esta vía se ha intensificado desde el trágico accidente de Nochebuena de 2022, cuando un autobús con pasajeros se precipitó desde un viaducto en Pedre y cayó al río, provocando la muerte de siete personas y reabriendo el clamor vecinal por una intervención estructural.

La demanda institucional cuenta además con el respaldo de los alcaldes del denominado Pacto de Pedre, un frente municipal creado tras el siniestro y al que se han sumado concellos como Pontevedra y la Diputación, que reclaman también una actuación del ministerio que incluya incluso la posibilidad de una futura autovía alternativa entre Pontevedra y O Carballiño.
Estos regidores han reclamado en distintas ocasiones una reunión con el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, y han criticado la ausencia de una planificación integral para un vial que, según denuncian, acumula décadas sin una modernización de calado.
El Gobierno deberá ahora posicionarse sobre una iniciativa que, aunque no es vinculante, refuerza la presión institucional y política para abordar una reforma integral de la N-541, una carretera clave para la movilidad interior de la provincia de Pontevedra y el acceso hacia Ourense, y que sigue marcada por su peligrosidad.
A raíz del accidente de Nochebuena de 2022 en el viaducto de Pedre, el Ministerio de Transportes activó una intervención de emergencia en el punto kilométrico del siniestro, centrada en la reposición del sistema de contención del puente y la mejora inmediata de la seguridad estructural. Aquella actuación, dotada en torno a 1,1 millones de euros, fue planteada como una respuesta urgente sobre el tramo más crítico del accidente, aunque sin abordar el conjunto del trazado de la vía.
Posteriormente, en los meses siguientes, se ejecutaron trabajos de refuerzo en el entorno del puente de Pedre, con la sustitución de elementos de protección y actuaciones puntuales de conservación, dentro de un paquete de mejoras parciales en la N-541. Sin embargo, tanto representantes municipales como el denominado Pacto de Pedre -el frente de alcaldes de la comarca- han reiterado que estas intervenciones no alteran el problema de fondo, al tratarse de una carretera con trazado antiguo, sin desdoblar y con múltiples tramos de riesgo.
En paralelo, el Ministerio ha impulsado en los últimos años obras de reasfaltado y conservación en distintos puntos de la N-541 entre Cerdedo-Cotobade y el entorno de Pontevedra, además de mejoras en el drenaje y el firme para varias zonas concretas, pero siempre bajo criterios de actuación sectorial y no de reforma global. Estas intervenciones han sido presentadas por el Gobierno como parte del mantenimiento ordinario de la red estatal, mientras que los alcaldes reclaman que su inclusión en un plan único de modernización del conjunto del eje Pontevedra-Ourense.