A pesar de que el 31 de mayo se acerca rápidamente, y con una primavera excepcionalmente seca y cálida, la provincia de Ourense se encuentra en una carrera contra el reloj. La necesidad de limpiar la maleza en las franjas de seguridad de 50 metros alrededor de las viviendas es urgente, especialmente después de las abundantes precipitaciones invernales que generaron una gran cantidad de masa vegetal.

La complejidad de la situación se agrava por la elevada fragmentación de la propiedad rural. Ourense posee 3.534.490 fincas, más de diez por habitante, superando la suma de Andalucía y Extremadura. Se estima que cerca de medio millón de estas parcelas están ubicadas dentro de las franjas de protección secundarias, muchas de ellas en estado de abandono y con propietarios desconocidos debido a los movimientos migratorios de décadas pasadas.

La pequeña dimensión media de las fincas, inferior a los 1.000 metros cuadrados, complica aún más la gestión. Una simple línea de desbroce de 50 metros puede implicar a cuatro propietarios diferentes, y la identificación y notificación de estos puede estancarse si los herederos no están claros. En estos casos, la publicación en el DOG y en el BOE con datos catastrales es el único recurso.

Ante esta situación, la Xunta de Galicia ha incrementado los recursos. El convenio con Seaga ha duplicado su presupuesto hasta los 25 millones de euros anuales para ayudar a los 271 ayuntamientos adheridos a ejecutar las limpiezas subsidiarias forzosas. Además, los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes que no cumplan con la normativa podrían ver retenidos sus fondos autonómicos, ya que la responsabilidad de vigilar y tramitar las sanciones recae sobre ellos.