La constructora Opain, adjudicataria de las obras de la avenida de Portugal en Ourense, ha presentado una impugnación contra la resolución de su contrato, solicitando la nulidad del proceso administrativo anunciado por el alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, la empresa niega haber abandonado unilateralmente los trabajos y sostiene que el Concello dejó caer el proyecto debido a impagos que superan los 835.000 euros, cuando aún restaba casi la mitad de la obra por ejecutar.
A fecha de la paralización de los trabajos, el pasado 9 de marzo de 2026, la deuda municipal ascendía a 835.025,57 euros, incluyendo certificaciones y facturas pendientes. La constructora argumenta que el gobierno local "carecía de crédito presupuestario para pagar", lo que constituiría una infracción de los principios presupuestarios y la "causa eficiente" de la paralización, llevando a la empresa a un preconcurso de acreedores.
El Concello carecía de crédito presupuestario para pagar, lo que supondría una infracción de los principios presupuestarios.
Las alegaciones también señalan que el Concello realizó un pago de 236.549,07 euros de forma "fulminante" después de que la prensa publicara la noticia del parón, lo que, según la empresa, demostraría la disponibilidad de fondos. Además, el avance de la obra es limitado, con tramos que deberían estar finalizados al 45,56% y 53,62% respectivamente. El proyecto también estaba en "proceso de modificado" para incorporar nuevas unidades.
El documento revela que el primer tramo ya sufrió parones entre noviembre y enero por orden de la Inspección de Trabajo. La empresa acusa al Concello de conocer esta situación y ahora intentar utilizarla como justificación para una resolución culpable. Por ello, solicita la nulidad del decreto, al considerar que se ha prescindido del procedimiento legal y que la declaración de culpabilidad se realizó sin escuchar alegaciones, calificándolo de "simulacro procedimental".
La constructora también denuncia la omisión de amianto en el subsuelo del proyecto, lo que generó sobrecostos no compensados de 36.834,63 euros, calificado como "enriquecimiento injusto". También se reclaman materiales ya pagados por casi 140.000 euros. La empresa exige el archivo del procedimiento, el pago de todas las facturas con intereses de demora y una indemnización del 6% por el beneficio industrial, además del dictamen del Consello Consultivo.
