El escrito provisional de la acusación particular atribuye al regidor presuntos delitos de malversación apropiatoria agravada, falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa. Por este último, se solicitan 13 años de inhabilitación para empleo y cargo público. Por malversación agravada, la petición asciende a 7 años de prisión y 17 de inhabilitación absoluta. Por la falsedad, se piden 4 años y medio de cárcel, una multa de 108.000 euros y 5 años de inhabilitación especial.
Además de las penas de prisión e inhabilitación, el denunciante reclama una indemnización de al menos 491.025,72 euros a favor del Concello y de la Diputación de Ourense. La acusación particular también solicita la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil y la prestación de una fianza por parte del investigado.
“"Es solo una maniobra, sin visos de prosperar, para acaparar atención y titulares."
La acusación se centra en que, desde junio de 2019, el regidor cobró su salario público con dedicación exclusiva, de más de 70.000 euros brutos anuales, mientras mantenía su actividad empresarial privada. Según la documentación tributaria, la facturación bruta acumulada por sus actividades particulares entre 2019 y el tercer trimestre de 2025 alcanzaría una gran cuantía económica, con ejercicios como 2020 (218.041 euros) o 2023 (138.228 euros) de especial relevancia.
El escrito de acusación también denuncia discrepancias entre las declaraciones del investigado ante los registros públicos y sus declaraciones tributarias. Mientras que en el registro de la Diputación declaró supuestamente solo un piso y una herencia, el documento de IRPF del mismo ejercicio reflejó presuntamente 15 inmuebles, cifra que ascendió a 19 propiedades en 2024.
