El escrito de acusación particular, presentado por la representación legal de una de las partes, señala una "omisión dolosa y reiterada" en las declaraciones de bienes de un alcalde. Según este documento, el regidor aseguraba poseer solo una vivienda ante las instituciones, mientras que tributaba por numerosos pisos, locales y garajes.

Esta revelación constituye uno de los puntos centrales del escrito, que atribuye al alcalde un presunto delito de falsedad en documento oficial. La acusación argumenta que el regidor no solo ocultó su actividad como empresario audiovisual, sino que también redujo artificialmente su patrimonio en las declaraciones de transparencia obligatorias, creando una imagen irreal ante el Concello y la Diputación.

El contraste entre lo declarado a las instituciones locales y lo que figuraba en la Agencia Tributaria es notable. En junio de 2023, en su declaración patrimonial ante la Diputación, el investigado mencionó únicamente un piso y una "herencia" genérica. Esta versión se mantuvo en su declaración de cese y toma de posesión, fechada en febrero de 2026, donde declaró exclusivamente un único inmueble urbano, además de un vehículo, una cuenta bancaria y la titularidad de un canal de televisión.

Sin embargo, las autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en poder de la acusación muestran una realidad económica muy diferente. Los datos tributarios indican que, ya en el ejercicio de 2019, el alcalde poseía cinco inmuebles urbanos. El número de propiedades ascendió a 15 en la declaración de 2023 y a 19 en la última declaración de la renta aportada, correspondiente al ejercicio de 2024. Este detallado desglose catastral incluye múltiples viviendas, plazas de garaje, trasteros y locales.

Entre las propiedades presuntamente ocultadas figuran inmuebles en varias calles céntricas, viviendas en localidades como Vincios (Gondomar) y Parada de Sil, e incluso un piso del que se obtienen rentas por alquiler. Para la acusación particular, la omisión de 18 propiedades en los documentos oficiales de 2026 representa una "omisión dolosa, selectiva y reiterada" que habría servido para eludir los controles institucionales y evitar la detección de incompatibilidades.