La industria pirotécnica gallega, representada por la Asociación Galega de Industriais Pirotécnicos (Agip), ha manifestado su frontal oposición a una "deriva prohibicionista" que, según denuncian, se está extendiendo por varios ayuntamientos de la comunidad. La organización señala que municipios como Vilagarcía de Arousa o Padrón han optado en las últimas semanas por restringir o vetar el uso de fuegos artificiales, argumentando motivos ambientales, de prevención de incendios o bienestar animal.
Agip califica estas medidas de "restrictivas y arbitrarias" y rechaza lo que denomina "populismo ambiental", una estrategia que, a su juicio, emplea a la pirotecnia como "chivo expiatorio" para proyectar una imagen de responsabilidad ecológica sin abordar los problemas reales del territorio. La asociación sostiene que "el populismo, la cobardía política y la demagogia ambiental no pueden servir de coartada para impedir el ejercicio de una actividad legal y que forma parte del acervo cultural de nuestra comunidad".
“"O populismo, a covardía política e a demagoxia ambiental non poden servir de coartada para impedir o exercicio dunha actividade legal e que forma parte do acervo cultural da nosa comunidade."
Ante esta situación, Agip ha anunciado que emprenderá "acciones legales" y exigirá "compensaciones económicas subsidiarias por daños patrimoniales" contra aquellos ayuntamientos que cancelen unilateralmente contratos vigentes o que inciten públicamente a la no contratación de espectáculos pirotécnicos. La asociación considera que estas decisiones responden más a "criterios ideológicos" que a razones técnicas o jurídicas, atacando "un sector histórico y un pilar de la cultura gallega".
En cuanto al argumento del riesgo de incendios forestales, Agip desmiente su relación con la pirotecnia. Según datos que aporta, durante el año 2025, considerado crítico para los montes gallegos, se realizaron más de 10.000 disparos pirotécnicos profesionales en Galicia, de los cuales las estadísticas oficiales reflejan que provocaron el 0% de los incendios forestales registrados en dicho ejercicio. En ese mismo año, Galicia sufrió la quema de 118.966 hectáreas, y las investigaciones apuntaron a que entre el 70% y el 80% de los fuegos tuvieron origen intencionado o criminal.
“"A realidade do monte galego é teimuda fronte ao relato prohibicionista de determinadas administracións locais. O impacto da pirotecnia profesional e regulamentada foi dun 0,0 por cento absoluto."
Respecto al impacto acústico, la asociación considera que existe una "doble vara de medir". Señalan que los espectáculos pirotécnicos tienen una duración escasa (10-15 minutos) y son predecibles, permitiendo que personas con hipersensibilidad o dueños de mascotas puedan planificar para evitarlos. Sin embargo, critican que "esos mismos ayuntamientos que prohíben los cohetes mantienen verbenas populares, conciertos y atracciones de feria que emiten elevadísimos niveles de ruido durante cinco o seis horas seguidas".
Agip reivindica el valor cultural y económico de la pirotecnia en Galicia, considerando que criminalizarla es "un acto de cobardía política" y que "cientos de familias gallegas dependen directa o indirectamente de esta actividad". Defienden que los fuegos artificiales forman parte "inseparable de las celebraciones populares desde hace generaciones" y concluyen mostrando su "contundente repulsa a las medidas promovidas" que atentan contra "una actividad tradicional que forma parte de nuestra más arraigada cultura popular".
