El objetivo de esta medida es comprobar que todas las empresas obligadas a abonar esta tasa lo hacen correctamente y que las cantidades ingresadas se corresponden con el uso que hacen de los espacios públicos. El concejal de Hacienda, Uxío Benítez, destacó que la iniciativa busca defender los recursos municipales, ya que los fondos recaudados contribuyen al mantenimiento y mejora de los servicios vecinales.
Esta tasa, conocida como del 1,5%, se calcula sobre los ingresos brutos de las empresas en el municipio y no puede ser trasladada a los usuarios. La decisión llega tras una revisión municipal de datos de treinta empresas correspondientes a 2026 y los cuatro años anteriores, que detectó diferentes frecuencias en la presentación de declaraciones, lo que hace necesario profundizar en las comprobaciones.
Según Benítez, la colaboración con el ORAL aporta personal especializado para revisar los datos y detectar posibles cantidades pendientes, permitiendo reclamar los ingresos que correspondan a las arcas municipales. La delegación facilitará la identificación de las empresas obligadas, el contraste de la información y la tramitación de los cobros y revisiones pertinentes.
