La ciudad de Lugo avanza en la actualización de su plan municipal de emergencias, un documento esencial para ayuntamientos con más de 20.000 habitantes o con riesgos específicos. Este plan, que comenzó a revisarse hace más de tres años y fue aprobado inicialmente en octubre de 2024 por el gobierno local anterior, aún requiere de varios pasos para su aprobación definitiva y entrada en vigor. La seguridad es una de las principales preocupaciones de la nueva regidora, tanto por la protección de la población como por su responsabilidad como máxima autoridad política.

A pesar de que Lugo ya cuenta con recursos y protocolos para afrontar eventos como inundaciones o incendios, la ciudad experimenta un crecimiento y los riesgos aumentan, especialmente con el cambio climático y sus episodios extremos. Por ello, se considera fundamental actualizar la información y los protocolos existentes. Uno de los puntos clave es la constitución del Cecopal, la versión municipal del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), un órgano que se activa en emergencias que requieren la integración de mandos de distintas administraciones.

La creación y dotación de medios para el Cecopal está valorada en 177.000 euros y se prevé que se financie con fondos de Unespa, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, de los cuales Lugo dispone de 1,7 millones. El plan de emergencias, actualizado por Protección Civil con la colaboración de la Policía Local, también busca incorporar dos planes de actuación específicos para inundaciones y mercancías peligrosas, que actualmente no están incluidos. Para ello, se recurrirá a asistencia técnica externa y se coordinará con la Xunta de Galicia.

Además, la regidora tiene como objetivo crear el servicio de Protección Civil en la relación de puestos de trabajo del Concello, ya que, aunque funciona en la práctica con voluntarios y la dirección de un cabo de bomberos, carece de soporte administrativo. También se buscarán soluciones para el retraso en el pago de horas extras y mejorar la tramitación de permisos y la regulación del tráfico en zonas como el casco histórico y el entorno del CIS y del Hula, mediante convenios con la Xunta.