La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (Giat) del Subsector de Tráfico de Lugo, se inició después de que un empleado de la compañía denunciara amenazas y un incumplimiento sistemático de los tiempos de conducción y descanso. Los datos objetivos de los registros de los tacógrafos y de las tarjetas de conductor fueron analizados, confirmando las sospechas.

Según el portavoz del cuerpo, el análisis de las pruebas y el cruce de datos revelaron que la empresa obtenía las tarjetas de forma ilegal y obligaba a los conductores a utilizarlas para desvirtuar los tiempos de conducción y descanso. Esta práctica se prolongó durante varios meses, forzando a los conductores a no realizar los descansos reglamentarios y a afrontar jornadas de conducción extenuantes.

Este modo de operar no solo vulneraba las condiciones laborales y ponía en riesgo la seguridad de los trabajadores, sino que también comprometía la seguridad vial, al conducir vehículos de gran tonelaje sin el descanso adecuado. Los investigados se enfrentan a un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y a un presunto delito de falsedad documental.

Desde la Comandancia de Lugo explican que la manipulación de los registros de los tacógrafos es considerada delito de falsedad documental desde el año 2020, cuando el Tribunal Supremo dictó una sentencia que establecía que la manipulación fraudulenta de un tacógrafo para falsear sus registros constituye un delito de falsedad en documento oficial.