Los representantes populares, José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Serrano, basan su iniciativa en datos que revelan que de siete plazas existentes en abril, solo dos estaban cubiertas, un panorama que empeora respecto a 2020 cuando había ocho efectivos.
Desde el PP consideran que esta situación evidencia un "abandono" de un servicio esencial que afecta a "miles de familias" en la provincia, generando "acumulación de expedientes, retrasos en citaciones y resoluciones que se prolongan durante meses", lo que mantiene a muchos ciudadanos en "permanente incertidumbre".
Además, alertan de que la sobrecarga de los profesionales podría afectar a la calidad de las valoraciones médicas y señalan la preocupación por la situación de los trabajadores declarados no aptos pero que no obtienen el reconocimiento de una incapacidad.
Non estamos ante un problema administrativo menor, senón que é un "auténtico colapso" dun sistema do que dependen decisións que "condicionan a vida laboral, económica e persoal de moita xente".
Los senadores critican que el Gobierno atribuya la situación a las jubilaciones y a las "dificultades para captar profesionales médicos", reconociendo así su incapacidad para cubrir las vacantes. Subrayan que "non é aceptable que o Executivo se limite a constatar o problema mentres os cidadáns seguen sufrindo as consecuencias", más aún cuando "hai cinco vacantes sen cubrir sobre sete existentes".
Añaden que el Gobierno admite no disponer de datos sobre la demora media de los expedientes de incapacidad permanente, lo que, a su juicio, hace "imposible" la planificación de refuerzos de personal.
