El Concello de Lugo saldó una deuda pendiente con la Tesorería de la Seguridad Social por importe de 33.480 euros. Este pago era un requisito indispensable para poder optar a una subvención estatal cercana a los 150.000 euros, destinada a la prestación de servicios de transporte colectivo urbano.
La alcaldesa, Elena Candia, firmó el decreto para liquidar esta deuda, originada por un litigio laboral con cuatro trabajadoras del servicio de información 010. Tras declararse nulo su despido, las empleadas fueron readmitidas, y el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) reclamó al Concello la devolución de las prestaciones por desempleo que habían percibido durante el período entre el despido y su reincorporación.
Ante la falta de pago por parte de la administración local, la Tesorería General de la Seguridad Social emitió reclamaciones de deuda. La continuidad de esta deuda impedía al Concello estar al corriente de pagos, lo que suponía el riesgo de perder la subvención para el transporte colectivo urbano.
El decreto firmado también establece que se reclamará a las trabajadoras el reintegro de las cantidades a las arcas municipales, ya que el Concello debe asumir el ingreso de las mismas a la Tesorería General de la Seguridad Social.
