El profesional de la fotografía, autor de varios libros con imágenes antiguas de Xuvia y Narón, ha iniciado un proceso judicial contra un editor local. La demanda, registrada el pasado 23 de abril, exige la devolución íntegra de su archivo fotográfico y la paralización de cualquier difusión no consentida de sus obras.
Los materiales en cuestión, que incluyen negativos y otros soportes generados durante once años de actividad en el Estudio de Fotografía Retina (entre 1986 y 1997), se encuentran en poder del demandado. Según el fotógrafo, este ha reconocido públicamente su custodia y se ha comprometido por escrito a la conservación de dichos materiales.
El demandante asegura que nunca ha concedido autorización, ni expresa ni tácita, para la reproducción o comunicación pública de sus imágenes. Advierte que cualquier uso no autorizado dará lugar a la adopción de las "medidas judiciales que procedan". La posesión de los archivos se vincula a un antiguo colaborador que se hizo cargo del local tras el cese de actividad y que, según testigos, manifestó su intención de devolver los fondos a su legítimo titular.
El conflicto se ha agravado tras la negativa del demandado a recibir un burofax enviado al local de la Asociación de Vecinos de Piñeiros, de la que es presidente. Esta actitud ha sido calificada de "obstruccionista" por el fotógrafo, quien considera que imposibilitó una solución extrajudicial.
La conciliación, solicitada al amparo de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y de la reciente Ley Orgánica 1/2025, constituye un paso previo obligatorio antes de una posible demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual.
En el acto de conciliación, fijado para la mañana del próximo 15 de mayo, el fotógrafo reclama tres puntos clave: la devolución inmediata de todos los archivos, el compromiso expreso de no difundir las imágenes mientras se resuelve la controversia y el reconocimiento de su titularidad exclusiva sobre los fondos. De no alcanzarse un acuerdo, el caso podría derivar en un procedimiento judicial por vía civil e, incluso, penal, dada la posible incardinación de los hechos en los delitos contra la propiedad intelectual previstos en el Código Penal.
