Los nacionalistas defendían ante la Cámara gallega la necesidad de aprobar el Plan sectorial de actividades extractivas, denunciando que su ausencia durante 17 años en la Xunta supone una "estrategia" y no un "olvido administrativo".

La moción del BNG incluía medidas como remitir el plan a la Cámara, ampliar plazos de información pública, declarar materias primas esenciales como bienes estratégicos y limitar explotaciones a cielo abierto, además de garantizar la restauración ambiental.

Una de las propuestas clave era decretar la suspensión cautelar de nuevos concursos en enclaves con pasivos ambientales y sociales sin resolver. Aunque el PSdeG apoyó la mayor parte del texto, votó en contra de este punto específico, argumentando la necesidad de un diagnóstico previo y planes integrales de restauración en lugar de "paralizar cautelarmente todos los nuevos concursos mineros".

La diputada socialista Patricia Iglesias criticó el incumplimiento de la ley por parte del PPdeG y señaló el caso de la mina de Monte Neme, entre Carballo y Malpica de Bergantiños, como ejemplo de la gestión de la Xunta, recordando el incidente de enero pasado con la rotura de una balsa.

Por su parte, el diputado del PP Rubén Lorenzo rechazó la iniciativa del BNG, calificándola de "manual de prohibición" y acusando a los nacionalistas de ser "los del no a todo". Defendió la hoja de ruta del Gobierno gallego y acusó al PSdeG de "paralizar y retrasar cualquier avance".