El sindicato mayoritario entre los facultativos gallegos, O´Mega, ha manifestado su rotunda oposición a la intención del Servizo Galego de Saúde (Sergas) de condicionar los incentivos económicos de los médicos a la duración de la incapacidad temporal de sus pacientes. Aunque el colectivo no cuestiona la necesidad de una gestión rigurosa ni la coordinación con la Inspección Médica, rechaza firmemente que esta medida se convierta en una herramienta de presión directa sobre los profesionales de Atención Primaria con el objetivo de acortar procesos de baja o emitir altas de forma prematura.

Desde O´Mega recuerdan que la incapacidad laboral es fundamentalmente un acto clínico-asistencial, y no un mero trámite administrativo ni un indicador económico. Por lo tanto, vincular su duración a la productividad o a la carrera profesional de los facultativos supone, según el sindicato, un conflicto ético y profesional inaceptable que atenta contra la independencia del profesional médico. Además, la organización considera preocupante que esta propuesta contradiga el principio fundamental de que los objetivos de los Acuerdos de Gestión deben basarse únicamente en criterios clínicos, sin verse influenciados por el impacto presupuestario.

Por otra parte, O´Mega señala que muchas bajas médicas se prolongan debido a las propias demoras inherentes al sistema sanitario, como las largas esperas para pruebas diagnósticas, consultas especializadas o intervenciones quirúrgicas. Trasladar esta responsabilidad al médico de cabecera, argumentan, supone ignorar las deficiencias estructurales de la administración. El sindicato subraya que la Inspección Sanitaria ya posee competencias propias para emitir altas cuando lo considera procedente, por lo que debería asumir estas decisiones de forma directa en lugar de delegar la responsabilidad en los facultativos de primaria.

Finalmente, la organización alerta del peligro que supone para la relación médico-paciente que estos perciban que su alta médica responde a criterios económicos o al cumplimiento de objetivos de gestión. Esta situación expone al médico de familia como responsable directo de una decisión condicionada, lo que podría incrementar el riesgo de conflictos, insultos e incluso agresiones en los centros de salud. Por todo lo expuesto, el sindicato exige al Sergas la retirada inmediata de todos estos indicadores económicos de la retribución de los profesionales.

En otro orden de cosas, el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de A Coruña ha alcanzado la cifra histórica de 8.010 colegiados, un hito que consolida su posición entre las diez corporaciones médicas más importantes de España. Superar los ocho mil miembros tiene, además, una repercusión directa en la capacidad de influencia del colegio coruñés en el ámbito nacional, ya que, en virtud del sistema de voto ponderado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM), pasa de tres a cuatro votos.