Carmen Villar, residente en A Coruña, comenzó su protesta este lunes, 12 de abril de 2026, ante la Delegación Provincial de la Consellería de Educación. Su intención es permanecer allí hasta que se encuentre una solución para su hijo de acogida, un menor con un 49% de discapacidad que está bajo la tutela de la administración autonómica.
El menor, con un grado de dependencia severo, fue acogido de forma permanente hace 12 años. Durante los cursos 2023-24 y 2024-25, estuvo matriculado en el centro Agarimo, ubicado en Arteixo. Sin embargo, fue expulsado cautelarmente en febrero de 2025 por cuestiones de seguridad, y desde entonces no ha sido reubicado en otro recurso educativo adecuado.
“"No me han dejado otra."
La familia denuncia una situación de “desprotección institucional”, ya que el menor acumula 14 meses sin escolarización. Según relatan, el propio equipo educativo del centro Agarimo reconoció la “falta de medios” para atender adecuadamente al menor, lo que provocó incidentes que llevaron a su salida. La madre lamenta que “cuanto más tiempo pasa, más se agrava la situación. Este año perdido ya no lo recupera”.
En diciembre de 2025, un auto judicial estableció que el menor debía residir con su familia y asistir a un centro de educación especial. Sin embargo, en marzo de 2026, la administración propuso nuevamente su escolarización en el mismo centro del que había sido expulsado, a pesar de que este había reconocido por escrito no disponer de los recursos necesarios para su atención.
