Esta decisión judicial, comunicada por el gobierno local el martes, implica que la Consellería de Medio Ambiente deberá ahora resolver el recurso presentado por Oleiros, que había sido inicialmente rechazado. Además, la Xunta tendrá que asumir las costas judiciales del proceso.
El ejecutivo oleirense había solicitado la anulación de la autorización ambiental integrada otorgada a Limpoil, argumentando que era "contraria a derecho". Sus alegaciones se centraban en la ubicación inadecuada de la planta, "en plena ría, próxima a playas y zonas de interés ambiental y pesquero", así como en deficiencias en la evaluación ambiental, la falta de protocolos de seguridad y una gestión deficiente de las aguas residuales. También se cuestionaba la "falta de rigor en el análisis de los efectos socioeconómicos y ambientales" del proyecto.
Con esta sentencia judicial se ordena a la administración autonómica que se pronuncie expresamente sobre el fondo de estas alegaciones.
El Ayuntamiento, presidido por Ángel García Seoane, recordó que esta misma empresa ya había sido objeto de una denuncia en 2002 por parte del municipio. En aquella ocasión, los tribunales investigaron vertidos de restos de aceite y combustibles recogidos en el puerto, que supuestamente eran derramados en una nave en Icaria a través de la red de alcantarillado municipal.
Según el gobierno local, las características de la planta son "totalmente incompatibles" con la actividad pesquera de Oza. Subrayan que informes previos de Medio Ambiente ya señalaban el impacto negativo de la instalación en un entorno "especialmente sensible". El Ayuntamiento concluye que el muelle de Oza no es un polígono industrial y está situado junto a las playas de Oza y Santa Cristina, cerca de la ría del Burgo. Tras décadas de esfuerzos por una ría saneada, la ciudadanía no debería sufrir la presencia de una planta contaminante.
