La regularización de personas migrantes en Vigo está experimentando un ritmo de tramitación extremadamente lento, según señalan diversas asociaciones que colaboran en este proceso. Mientras la necesidad de legalizar su situación es urgente para muchos solicitantes, la Administración muestra un atasco significativo, aprobando tan solo ocho de más de un millar de peticiones gestionadas en dos meses. Esta cifra representa aproximadamente el 1% de los casos, frente al 10% de media en el resto de España.
El proceso, que se abrió el pasado 20 de abril, prevé la presentación de unos 5.000 expedientes en la ciudad, muchos de ellos de ciudadanos procedentes de Colombia o Venezuela. La lentitud en la gestión genera desorden e incertidumbre, ya que peticiones presentadas simultáneamente pueden tener resueltas de manera muy diferente. Esther Lora, abogada de SOS Racismo, describió un panorama de "caos y desorden" debido a la lentitud gubernamental, destacando que de 800 peticiones presentadas por su organización, solo siete fueron aceptadas.
Aunque las resoluciones favorables podrán emitirse después del cierre del plazo de solicitud el 30 de junio, el tiempo estimado por la administración para completar todo el trámite es de tres meses. Esta demora causa un gran estrés en los solicitantes, que ven cómo vecinos con trámites similares son aprobados mientras los suyos permanecen "en stand by". La situación es especialmente crítica para los adultos, ya que los menores de 15 años cuentan con un proceso más ágil gestionado por la Subdelegación del Gobierno.
Entidades como Accem, que colabora a través del programa Gadea, también registran cifras bajas de aprobación. De 83 peticiones presentadas, solo una ha sido aceptada hasta el momento. Otras organizaciones, como Vida Digna, encargadas de los informes de vulnerabilidad, expedieron más de 300 informes en estos dos meses.
“"Por fin saldré de un bucle de cinco años en el ámbito laboral"
Para solicitantes como Alejandro Lara, guatemalteco de 33 años, la regularización supone el fin a cinco años de "oscurantismo laboral", un ciclo vicioso donde se necesita permiso de residencia para trabajar y contrato para obtener el permiso. A pesar de la incertidumbre, Lara se muestra tranquilo, confiando en que su situación se legalizará pronto, lo que le permitiría cotizar y visitar a su familia en Guatemala, algo que no ha podido hacer en los últimos años.
Otra solicitante, una joven peruana con dos hijos, logró un contrato de trabajo tras ser aceptada su petición provisionalmente, lo que le permitió trabajar legalmente. A pesar de la felicidad por este avance, sus preocupaciones se centran ahora en cuestiones como el pago del alquiler, a la espera de la aceptación definitiva.
Los requisitos principales para la tramitación incluyen carecer de antecedentes penales, encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026 y demostrar una estancia superior a cinco meses mediante pruebas como citas médicas o tickets de compra. Las primeras semanas del proceso estuvieron marcadas por el "caos" debido a la desinformación administrativa y la complejidad en la obtención de informes de antecedentes penales.
