La normativa busca cumplir con la legislación estatal para reducir la contaminación en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Sin embargo, la puesta en marcha de la medida en Vigo enfrenta un problema operativo: el sistema informático necesario para solicitar las autorizaciones no estará plenamente funcional hasta dos meses después de la entrada en vigor de las restricciones.
El texto aprobado contempla un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar los 200 euros. Ante la falta de concreción sobre cómo actuarán las autoridades durante el periodo de inactividad de la plataforma, existe incertidumbre sobre el procedimiento que deberán seguir los ciudadanos que se acojan a alguna de las veinte excepciones previstas.
Entre los colectivos que podrán acceder a la zona se encuentran los residentes, vehículos vinculados a actividades económicas, servicios públicos esenciales, transporte de personas con movilidad reducida y vehículos históricos. También se permite la entrada a profesionales del sector sanitario, educativo y aquellos que se dirijan a aparcamientos privados o públicos situados en el interior del perímetro.
