La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, reiteró este jueves la postura de la Xunta a favor del traspaso de la AP-9 a Galicia, pero con una condición clara: no aceptará una transferencia que implique asumir una deuda estimada en 4.000 millones de euros.
Desde Pontevedra, Allegue criticó el cambio de posición del BNG y del PSOE respecto al acuerdo aprobado en el Parlamento gallego, asegurando que la propuesta actual que se debate en el Congreso "no responde a lo que pedían los gallegos".
"Por supuesto que queremos el traspaso, pero no de esta manera", señaló la conselleira, quien insistió en que Galicia no debe asumir una carga financiera que considera competencia del Estado.
El Gobierno gallego envió una nueva carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para reclamar que se retome el texto original aprobado por unanimidad en la Cámara autonómica. Según Allegue, la propuesta actual supone "un coste inasumible" para la comunidad autónoma y debería mantenerse bajo responsabilidad del Gobierno central.
La postura de la Xunta se produce el mismo día que el Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas del Partido Popular a la proposición de ley para la transferencia de la AP-9. El PSOE, Sumar y otros socios parlamentarios votaron en contra de las propuestas populares, que buscaban recuperar el texto inicial impulsado desde el Parlamento gallego.
La iniciativa sobre la transferencia de la autopista, que afecta a su titularidad y gestión, nació en la Cámara autonómica pero fue modificada tras un acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar. El PP y la Xunta de Galicia expresaron su rechazo al nuevo texto, al considerar que introduce cambios sustanciales respecto al acuerdo inicial, manteniendo abierta la transferencia en el plano político con una posición enfrentada sobre el alcance real y el impacto económico.
