La instrucción de la causa por el devastador incendio de Oímbra, que comenzó el 12 de agosto de 2025 y arrasó 23.000 hectáreas, entra en una fase crucial. La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento provisional al descartar que el único investigado actuase con dolo o imprudencia grave, ya que realizaba labores con el tractor de la empresa para la que trabajaba siguiendo órdenes laborales. El Ministerio Público también ha señalado la existencia de "evidentes errores de coordinación y mando" entre los organismos públicos implicados.
Según el escrito fiscal, el investigado "actuaba siguiendo unas órdenes de trabajo" y "unas órdenes jerárquicas de distribución de trabajo", y no por iniciativa propia en su finca. Destaca además que su comportamiento posterior fue de ayuda en la medida de lo posible para intentar extinguir el fuego con los escasos medios disponibles hasta la llegada de los servicios de auxilio.
Testimonios de agentes que intervinieron en el suceso corroboran esta versión. Uno de ellos declaró que, al llegar al segundo foco, el investigado estaba con el tractor "tratando de levantar tierra para apagar las llamas existentes", e incluso bajó del vehículo con su extintor minutos después. La propietaria de la parcela también abrió el acceso para que el tractor pudiese intentar cortar el avance del fuego.
El fiscal Miguel Ángel Ruiz también subraya en su escrito los "evidentes errores de coordinación y mando" entre la Xunta de Galicia, Seaga y el Concello de Oímbra en las órdenes dadas al trabajador. No obstante, recuerda que las personas jurídicas, sean públicas o privadas, no pueden cometer imprudentemente este tipo de delito.
La defensa también aludió a la flagrante falta de coordinación entre la Xunta, la ingeniera, los técnicos y el Concello de Oímbra, generando un escenario de confusión en el que nunca se llegó a emitir una orden ejecutiva de paralización de trabajos. Trabajadores municipales declararon desconocer cualquier prohibición de desbroce con maquinaria durante los meses de julio y agosto.
La posición de la acusación particular, que representa a tres brigadistas heridos (uno de ellos con graves secuelas), y de la acusación popular, de la Federación Galega de Ecoloxistas en Acción, será clave. Si ambas partes comparten la tesis de la Fiscalía y la defensa de sobreseimiento, la causa no continuaría en la vía penal, pasando al ámbito civil.
