Piden entre 4 y 6 años de cárcel por incendios en Ourense

La Fiscalía solicita penas de prisión e indemnizaciones millonarias a la Xunta por seis fuegos provocados entre 2021 y 2022.

Imagen genérica de un incendio forestal en Galicia.
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Imagen genérica de un incendio forestal en Galicia.

La Fiscalía solicita penas de entre cuatro y seis años de prisión para tres personas, incluido un brigadista, acusadas de provocar seis incendios forestales en la provincia de Ourense entre 2021 y 2022. Además, se reclaman indemnizaciones que superan los 54.000 euros a la Xunta por los gastos de extinción.

La Audiencia Provincial de Ourense celebrará este jueves la vista previa de un juicio que investiga varios incendios forestales ocurridos en la provincia entre 2021 y 2022. La Fiscalía pide penas de seis años de cárcel para dos de los acusados, imputados por media docena de incendios, y cuatro años para un tercero, un brigadista de 19 años en el momento de los hechos, acusado de un incendio.
Para los dos principales acusados, se solicita una indemnización conjunta de más de 49.000 euros a la Xunta por los costes de extinción, además de una multa de más de 4.000 euros para cada uno. Al brigadista se le imputan 5.000 euros en responsabilidad civil al Gobierno gallego y una multa de 3.600 euros. Según el ministerio fiscal, los incendios fueron provocados "de mutuo acuerdo" y utilizando un coche Ford Focus.
Los incendios por los que se juzga a los dos primeros acusados tuvieron lugar en Manzaneda (18 de agosto de 2021), San Xoán de Río (23 de agosto de 2021), dos en Chandrexa de Queixa (25 de agosto de 2021) y dos más en Trives (28 y 31 de agosto de 2022). El brigadista, según la acusación, colaboró en los últimos incendios en Trives. Los tres acusados ingresaron en prisión provisional en septiembre de 2022, siendo puestos en libertad posteriormente.
Los incendios se produjeron en condiciones de "peligro extremo" y afectaron zonas de la Rede Natura, aunque los daños ambientales son considerados de pequeña relevancia. Los propietarios de las fincas afectadas renunciaron a ejercer acciones civiles y penales.