El Partido Popular de Galicia (PPdeG) demandó este sábado en Celanova, provincia de Ourense, una mayor oferta de vivienda y más seguridad jurídica para abordar los problemas de acceso a la vivienda en la comunidad. La secretaria general de la formación, Paula Prado, contrapuso las políticas impulsadas por la Xunta de Galicia con el plan del Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, que calificó de "insuficiente y sin consenso".
Durante una jornada informativa celebrada en la Praza de Abastos de Celanova ante unos 200 asistentes, Prado calificó la ley estatal de vivienda como una norma "desastrosa" que, a su juicio, "piensa más en los okupas que en los propietarios".
Frente a esta normativa, la dirigente popular defendió las medidas autonómicas, que describió como "efectivas, pragmáticas y reales". Sostuvo que la política estatal está generando "inseguridad" y subrayó que la solución pasa por incrementar la oferta disponible y facilitar la promoción de nueva vivienda.
Prado recordó el compromiso del Gobierno gallego, presidido por Alfonso Rueda, de duplicar el parque público de vivienda en Galicia durante esta legislatura, pasando de 4.000 a 8.000 viviendas. Destacó también el presupuesto "histórico" de 350 millones de euros para vivienda este año, que incluye modificaciones legislativas, tributarias y fiscales para incentivar la construcción de nuevos inmuebles.
En la misma jornada, el presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, advirtió de que la falta de vivienda representa un "terrible freno para el crecimiento económico, también en el rural". Relacionó esta situación con la evolución demográfica de la provincia, que "roza los 307.000 habitantes", y señaló la necesidad de vivienda para acoger a los nuevos vecinos, "en general migrantes".
Por su parte, la secretaria de la junta gestora del PP de Celanova, Ana Fernández, urgió la actualización del Plan General de Ordenación Municipal (PXOM), que lleva más de 30 años sin actualizarse. Avanzó que su programa electoral incluirá la puesta a disposición de la Xunta de suelo público para viviendas de protección oficial, con el objetivo de reducir la burocracia y facilitar el acceso a este tipo de viviendas en el municipio.
