La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha solicitado a la Inspección de Trabajo de Lugo que lleve a cabo las "diligencias de investigación necesarias para esclarecer las causas y depurar responsabilidades por el accidente" en el que falleció un joven pontés de 24 años. El sindicato trasladó sus condolencias a la familia y compañeros del fallecido y anunció que se personará como "acusación particular en la causa judicial abierta por este siniestro".

En el escrito remitido, la CIG señala "indicios claros de que la empresa no cumplía con la ley de prevención de riesgos" y no había garantizado "una protección eficaz y la integridad física del operario". El joven, que cursaba una FP dual en el IES Castro da Uz de As Pontes, falleció mientras realizaba "tareas de ensamblaje y manipulación de estructuras metálicas de gran tonelaje", algo que el sindicato cuestiona dado el nivel de riesgo.

La central sindical argumenta que, a pesar de que el convenio de la Xunta y la empresa obliga a tener formación en prevención antes de iniciar las prácticas, el trabajador "no contaba con la formación específica para los riesgos reales que encontró", refiriéndose a la pieza de 500 kilos que le cayó encima. Consideran que esto constituye "una negligencia tanto en la supervisión de la empresa como en la coordinación con el centro".

La CIG critica que las tareas de alto riesgo no se correspondían con el plan de formación y que la evaluación de riesgos de la compañía no contemplaba estas actividades peligrosas para personas en prácticas. Denuncian que este accidente es "el ejemplo más dramático y grave de lo que implica la concepción de la formación dual: reducir la calidad educativa, avanzar en la privatización de la enseñanza y... suministrar a las empresas mano de obra barata sin garantizar la protección ni los derechos laborales básicos del alumnado en prácticas".

Además, el sindicato señala que la empresa o carecía de un procedimiento de trabajo en elevación o este no se puso en práctica, ya que de existir, la zona de peligro bajo la carga estaría perimetrada. Defienden que esta operación "debería estar dirigida por un recurso preventivo".

Por todo lo expuesto, la CIG exige una "actuación contundente para depurar las responsabilidades que puedan existir", ya que "desarrollar la actividad laboral en un lugar de trabajo en condiciones saludables y de seguridad es un derecho".