La Fiscalía de Lugo pide condenas de dos años de prisión para una pareja que se enfrenta a acusaciones de "hacerles la vida prácticamente imposible" a sus vecinos en Sarria. Según el escrito de conclusiones provisionales, la conducta de los acusados superó los límites de la convivencia razonable, imputándoles un delito contra la integridad moral en su modalidad de acoso inmobiliario.
Los hechos se remontan a noviembre de 2019, cuando los acusados se mudaron a un inmueble en Sarria. Especialmente durante los meses de junio y julio de 2020, presuntamente se dedicaron a "menoscabar la tranquilidad vital" de sus vecinos del piso inferior, sometiéndolos a "múltiples actos incívicos" con la "deliberada intención de impedir que pudieran descansar durante las noches".
La acusación pública detalla que la pareja ponía música a todo volumen en la madrugada, golpeaba el suelo, manipulaba el cuadro de luces y hablaba a gritos por teléfono. También se les acusa de colocar obstáculos en el acceso al desván superior y de ocasionar daños en la puerta de acceso al edificio, con el objetivo de que la familia afectada se sintiese "perseguida y humillada" hasta abandonar su vivienda.
Estas conductas no se limitaron al ámbito residencial, ya que los afectados también se sintieron "vigilados y perseguidos por los acusados, incluso en la vía pública", a pesar de las quejas reiteradas que presentaron sin obtener respuesta.
La situación llevó a la familia afectada a tener que abandonar su vivienda de propiedad, primero durmiendo en un "caseto" cercano y finalmente alquilando otra vivienda ante la imposibilidad de convivir en el edificio.
Como consecuencia de estos hechos, una de las personas afectadas sufrió un "trastorno adaptativo del estado de ánimo, ansioso-depresivo", lo que le obligó a coger una baja laboral. Otro afectado presentó "un cuadro compatible con una reacción ansiosa y desarrollo paranoide". El tiempo de recuperación estimado para estas dolencias fue de 300 días.
La Fiscalía solicita una indemnización de 16.290 euros para uno de los afectados y 2.000 euros para cada uno de los otros dos, sumando un total de 20.290 euros. Además, pide dos años de alejamiento de las víctimas.
Los acusados rechazaron llegar a un acuerdo de conformidad en el juzgado Praza número 1 de Lugo, manteniendo su inocencia. Por ello, la magistrada fijó fecha para el juicio, que se celebrará el próximo 19 de noviembre.




