El PP ha presentado una moción en la Diputación de Ourense para instar al Gobierno central a ampliar el plazo y flexibilizar los criterios de la regularización extraordinaria de migrantes. El proceso, que arrancó el pasado 16 de abril, tiene fijada su fecha de caducidad para el 30 de junio, un margen que los populares consideran insuficiente ante el "colapso burocrático" actual.

La portavoz popular, Patricia Torres, junto con Lorenzo González, presidente de la asociación ourensana-venezolana Alma Llanera, ha señalado que la falta de recursos está afectando especialmente a los residentes del rural. González recordó el peso demográfico del colectivo en la provincia: de 300.000 habitantes, 54.000 son extranjeros, lo que significa que uno de cada cinco vecinos en la ciudad de Ourense es de origen inmigrante.

Ante la "fuerte dispersión poblacional" y las limitaciones de los municipios pequeños, la administración provincial ha creado una red de atención urgente. Este equipo, compuesto por diez técnicos con horario ampliado, se encarga de asesorar y digitalizar expedientes para que los solicitantes lleguen con la documentación completa al Registro Electrónico de Extranjería (RECEX).

La iniciativa busca garantizar que la falta de información o la distancia física no impidan a nadie acceder a esta "oportunidad histórica", con el objetivo de evitar que los derechos de las personas dependan de su proximidad a una oficina administrativa o de su residencia en una aldea ourensana.